La nueva propuesta del Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, de invitar al narco régimen de Nicolás Maduro a negociar, para acordar realizar elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela este año de 2020 abre otro debate político, dado que esta nueva y diferente propuesta  a la del cese a la usurpación, tiene sus pro y sus contra, que sin duda alguna, despertaran suspicacias en ambos lados del conflicto.

Dado que el mundo en general está al tanto del estilo de negociar del comunismo internacional que apoya al narco régimen de Nicolás Maduro, y dado que en una negociación ganar-ganar, ambas partes por lo general, esperan sacar beneficios de tal negociación, me voy a permitir señalar algunas de las dificultades que se podrían presentar en el futuro inmediato, a mediano y largo plazo.

Estos señalamientos, que haré a continuación, dado mi interés como venezolano opositor que lleva 20 años oponiéndose a tal dictadura, y dándole seguimiento a la misma, con mi intensión de contribuir con mi granito de arena a que tal narco dictadura salga del poder cuanto antes. Se entiende perfectamente que el secretario de Estado de una potencia tan poderosa como los EEUU tiene información clasificada de todo tipo sobre la situación real de Venezuela. Es decir saben perfectamente lo que está pasando en nuestro territorio. Sin embargo a la hora de negociar sobre el destino de otra nación, es natural que algunas veces las decisiones que se tomen, no satisfagan plenamente a la gran mayoría de los venezolanos demócratas, puesto que en toda negociación ganar-ganar, ambas partes tendrían que ceder en alguna de sus exigencias.

Ente esta evidente realidad, y de resolverse el problema de Venezuela mediante este método de la negociación, y pensando en la gobernabilidad y la paz futura de Venezuela, a la luz de que no todos los problemas obvios y latentes se podrían resolver en esa mesa de negociaciones, me pregunto: ¿Cuánto se puede ceder ante un gobierno criminal y descarado, que no respeta ni la vida ni los intereses del país, ni la constitución, ni las leyes, ni la estabilidad del país, ni la soberanía, ni la gobernabilidad futura; y mucho menos a la democracia, a la cual le declararon la guerra?

Sin anuncio oficial del Presidente Nicolás Maduro, sin cadena presidencial y de la misma forma que en el 2019, se dio el nuevo aumento de salario mínimo en Venezuela. Lo que empezó como un rumor terminó siendo confirmado en su cuenta de Twitter por Francisco Torrealba, Presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente.

El Salario mínimo pasó de 150.000 Bs a 250.000 Bs, lo que equivale a 5 perros calientes, si ponemos su valor promedio cerca de 50.000 Bs, mientras que el bono de alimentación pasó de 150.000 Bs a 200.000 Bs; es decir, una hamburguesa.

La canasta alimentaria del mes de noviembre, según el CENDA (I), se ubicó en 5.543.084,29 lo que para el momento de su cálculo era equivalente a 122 $, pero en la actualidad con el dólar que ha superado los 80.000 Bs, el salario mínimo queda en unos 3 $.

Este nuevo aumento ratifica la violación constante a los derechos de los trabajadores y del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que todo trabajador debe ganar lo necesario para cubrir la canasta básica que no sólo cubre la alimentación, sino que incluye también los gastos de pagos de servicios, educación, salud y recreación.

La conmemoración del primer aniversario de la instalación espuria del actual gobierno de Venezuela parece poco prometedora para sus miembros

LA HABANA, Cuba. – Este viernes —día 10— se cumple un año del actual “mandato” que viene ejerciendo Nicolás Maduro en la primera magistratura de Venezuela. He entrecomillado el término porque, en realidad, se trata de una presidencia espuria, surgida de un verdadero pucherazo orquestado por los chavistas. Pero, bueno, algún nombre hay que darle.

Son ya dos decenios largos los que las fuerzas “bolivarianas” llevan ejerciendo el poder en Venezuela. Y no resultaría aventurado afirmar que, de ese considerable período, este último año es el que más se ha destacado por la escasez, la represión, la emigración de millones de ciudadanos y la involución económica. En una palabra, por las calamidades de toda índole que el chavismo ha generado.

En medio de ese panorama desolador, a los demócratas latinoamericanos nos cabe un consuelo: El desvergonzado irrespeto a la voluntad popular materializado en la farsa electorera en la que Maduro obtuvo aquel falso “triunfo”, ha recibido el decidido rechazo de la comunidad internacional. Esto, a su vez, se ha materializado en la valoración del actual gobierno del exguagüero como un régimen de facto; no uno surgido de la voluntad del pueblo.

A esa reacción internacional (que, comenzando por los Estados Unidos y el Grupo de Lima, ha llegado a comprender a medio centenar de importantes países democráticos) se ha sumado la postura vertical asumida desde enero de 2019 por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Para que se entienda mejor la importancia de ese desafío, conviene que retrocedamos algo en el tiempo.

En 2017 se instaló el nuevo parlamento controlado por la oposición, que eligió como su primer presidente a Henry Ramos Allup. La actitud que asumió entonces ese legislativo fue —por decir lo menos— tibia. Recordemos la treta empleada por Maduro y sus incondicionales para privar a la Oposición de la mayoría cualificada de dos tercios que había ganado en la Asamblea Nacional.

Caracas, Ene.17.– El domingo el régimen de Nicolás Maduro procuró que se eligiera una junta directiva del Parlamento venezolano a su medida. El acto ha sido calificado como un intento de “golpe de Estado”. El Presidente encargado Juan Guaidó logró ratificarse en una El Presidente Interino Juan Guaidó, intenta entrar a la Asamblea Nacional, sitiada por efectivos militaressesión fuera de la sede del Legislativo. No obstante, los intentos del chavismo por acabar con la Asamblea Nacional, único Poder Público que se les opone, han existido desde el mismo momento de su elección en 2015: el Tribunal Supremo ha dictado 113 sentencias para “boicotear” al Legislativo, 90 parlamentarios han sufrido algún tipo de persecución política y en 2019 se denunció compra de votos en contra de Guaidó.

Hoy está llamada a sesionar la Asamblea Nacional de Venezuela -el Congreso- con un único punto en el orden del día: “rechazo de la toma y asalto militar al Palacio Federal Legislativo, impidiendo el acceso a diputados, en violación a la Constitución Nacional”. Juan Guaidó ratificado el domingo, con 100 votos, como presidente del Poder Legislativo venezolano y encargado del Poder Ejecutivo, al aplicar el artículo 233 de la Carta Magna de ese país reiteró ayer en una conferencia de prensa que en su país hubo un “golpe al Parlamento” y un “golpe de Estado”.