La nueva Asamblea Nacional de Venezuela, liderada en su gran mayoría por el oficialismo, ahora va por los bienes que tienen en el país aquellos empresarios que residen en el exterior, según explicó su primera vicepresidenta, Iris Varela.

"Hay fincas que podían estar bien productivas", dijo la funcionaria en declaraciones a El Pitazo. Según la visión chavista, no puede haber tierras sin usar, mientras sus dueños están fuera del país. El plan sería confiscar inmuebles inclusive.

“Aquí hay mansiones de esas personas que ahorita están viviendo en los barrios ricos de España, esas mansiones podían ser perfectamente clínicas populares”, dijo Varela.

Otra de las propuestas que ella ha hecho es retirar la nacionalidad a políticos de oposición que se considere han traicionado a la patria, según recogió Infobae.

El Parlamento creó una comisión especial para investigar, en el plazo de un mes, los "crímenes" que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el Legislativo y quienes supuestamente se robaron recursos del Estado.

La propuesta de la creación de la comisión vino de la directiva del Legislativo que espera que las investigaciones culminen en el plazo máximo de un mes porque "la justicia es justicia cuando es expedita y es oportuna".

Varela pidió "que se profundicen las investigaciones y que de manera perentoria como resultado de esas investigaciones (...) actúe la Justicia con toda la fuerza que el pueblo le da en esta nueva etapa de nuestra revolución y de nuestra historia".

La Guayana Esequiba, llamada así por Venezuela, comprende 159.542 kilómetros cuadrados y cuenta con importantes recursos petroleros, mineros, hidráulicos, forestales y de gas

Nicolás Maduro ha decretado la creación de un nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica» de Venezuela en el Esequibo, una zona que se ha disputado durante años con Guyana y que posee grandes reservas gasíferas y petroleras. El gobernante chavista ha manifestado en reiteradas ocasiones que no está dispuesto a renunciar al territorio, por lo que en una alocución este jueves, y desde el Palacio de Miraflores, ha pedido al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, interceder para que se reanime el diálogo entre Venezuela y Guyana.

«Usted tiene la capacidad para reanimar el diálogo, como camino para evitar decisiones ajenas a la legalidad internacional, que pueden poner en grave riesgo la paz y la seguridad de la región», dice el texto leído por Maduro, una carta que será enviada a Guterres este viernes a la sede de la ONU, en Nueva York. En palabras de Maduro, la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, supondrá la «unión nacional».

En el texto, el Gobierno de Maduro reitera que no aceptará que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se inmiscuya en la pelea territorial, después de que el tribunal dijera que tenía competencias para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899, que estableció la frontera entre los dos países. En ese sentido, Maduro expresa en la misiva que Venezuela «nunca ha prestado su consentimiento para que la Corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana».

El gobernante venezolano ha dicho que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y su ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, serán los encargados de dar «extensas explicaciones de los alcances constitucionales y legales de la creación de este territorio especial». En los artículos cuatro y cinco del decreto firmado por Maduro expresan que la administración de este nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica» tendrá como «única autoridad» la que designe el presidente de Venezuela.

Cuando hace poco Nicolás Maduro hizo el anuncio de cambiar el rumbo de la economía de Venezuela, dejando a un lado el sistema económico socialista o estatista para volver al sistema capitalista, jamás llegamos a pensar que los inversionistas probos y serios de Venezuela se prestarían para complacer al dictador en tal aventura, probablemente sugerida por China.

Según Alberto Vollmer, quien ha declarado a la BBC, con certeza, que Venezuela debe abrirse a la inversión y a los mercados, está en lo correcto. Sin embargo, se equivoca cuando afirma que eso sería realizable antes de lograr la democracia. Es decir, para los entendedores, con tales declaraciones, ese señor, además de confundir al pueblo de Venezuela, estaría promoviendo entre los empresarios, enemigos y victimas del socialismo, del chavismo y del madurismo, un acercamiento y borrón y cuenta nueva en sus relaciones pasadas con el narco régimen dictatorial, y ya sabemos lo que pasó con el intento de estatizar la economía de Venezuela con socialismo y estatismo: quedó prácticamente destruida y endeudada, aun sin terminar de instalar al marxismo leninismo en el país.

De lograrse esa luna de miel entre la narco dictadura y el empresariado venezolano, se estaría dando la estocada final a la democracia en el país, por razones obvias la democracia quedaría totalmente desguarnecida y desprotegida, con esa solución se estaría terminando de hipotecar al país y el régimen se seguiría endeudando, robando y malversando lo poco que tiene hoy Venezuela como capital nacional. Un detalle para observar: tal declaración la hace a la BBC, [agencia noticiosa inglesa], nación custodio de nuestro oro.

Es decir, la antigua Fedecámaras estaría contribuyendo con el narco régimen a terminar de destruir  nuestra nación y  su economía a cambio de una nueva aventura, de la cual solo éstos podrían sacar algún provecho económico adicional, antes que la  nación sea convertida en cenizas.

Los adjuntos a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, difundieron un comunicado este miércoles en torno a los comicios legislativos convocados por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 6 de diciembre y manifestaron que los resultados que figuran de vencedor a la dictadura “son un fraude”.

El documento señala que el evento estuvo signado por el desconocimiento de los valores y principios que sostienen a un Estado democrático. “Hoy reafirmamos que no se puede analizar el caso venezolano desde una perspectiva restringida a lo constitucional, por cuanto no estamos en un régimen democrático, ni en el marco de un Estado Constitucional de Derecho”, detallan.

También, insiste en que hay una violación sistemática de los derechos fundamentales de los venezolanos, además de la pérdida de la soberanía nacional y una crisis humanitaria compleja que no ha podido ser contenida por ineficiencia y corrupción.

“Son responsabilidad exclusiva del régimen de facto, y particularmente de quien lo encabeza: Nicolás Maduro”.

Asimismo, el texto denuncia además la existencia de un “Estado Forajido, pero también la de un Estado Fallido donde reina el desconocimiento de la constitucionalidad y de la legalidad, así como el irrespeto a los convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país”.