La llegada de Bukele al Palacio Legislativo de El Salvador con un gran despliegue de tropas disparó las alarmas democráticas

LA HABANA, Cuba. – Gracias a la amplia cobertura que ha recibido el tema, todos estamos informados sobre el espasmo autoritario que en días recientes tuvo lugar en El Salvador. La llegada al Palacio Legislativo de ese país del presidente Nayib Bukele, con gran despliegue de tropas, disparó las alarmas democráticas.

No les falta razón a quienes han expresado sus aprensiones con ese motivo. Desde hechos de indudable trascendencia histórica universal —como la trepa al poder de Adolfo Hitler en Alemania— hasta episodios de significación más local y aun folclórica —como el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú—, no han faltado ejemplos de gobernantes electos en forma más o menos democrática, pero que después, desde los cargos que ocupaban de manera legítima, usurparon facultades de otros órganos del Estado.

Pese a la evidente intentona análoga realizada por Bukele, en la edición de El Nuevo Herald del pasado martes hemos leído un artículo escrito por el mismo mandamás salvadoreño. En él se brinda una versión bien distinta de lo sucedido. En un párrafo rebosante de una versión edulcorada de los hechos, Don Nayib Bukele escribe lo siguiente:

“Mi gobierno estaba profundamente preocupado por un levantamiento popular de salvadoreños frustrados que se movilizaron en contra de la Asamblea Legislativa. Es por ello que solicitamos a la Fuerza Armada que estuviera presente, en caso de que hubiese actos violentos…”

Como se puede apreciar, ni una palabra acerca de que fue él mismo —Bukele— quien convocó a sus simpatizantes a congregarse ante la sede de la representación nacional como forma de intimidar a los parlamentarios para que aprobasen el empréstito solicitado por el Ejecutivo. Pero, bueno, aquí cabe citar una frase hecha algo cínica: “La defensa es permitida”.

Aquellos que por complicidad o ingenuidad niegan que la dictadura de los Castro esté en disposición y capacidad de espiar, estarán sorprendidos por la reciente información  de que descubrieron en España una red de espionaje al servicio de la dictadura insular.

Esto no es nuevo. En 2016, en España, sin remontarnos a un pasado más lejano, otro cubano fue denunciado por pasar informes de inteligencia a oficiales cubanos del ramo, radicados en el consulado de la Isla en Barcelona, lo que ratifica que los diplomáticos cubanos también espían.

El gobierno de La Habana espía todo y  a todos. No importa si son amigos, enemigos o simples compañeros de viaje. Sus espías en Venezuela y Nicaragua tienen informado a sus jefes en la Isla de las cosas más insignificantes, incluyendo la vida privada de los funcionarios más encumbrados. El chantaje para los castristas, afirma el escritor José Antonio Albertini,  es una herramienta que usan para controlar  a toda persona de  su  interés.

La realidad es que en Cuba no es relevante si los Castro están o no al frente del gobierno, la esencia de ese régimen, el ADN de esa dictadura si tal cosa existiera,  esta signado por la injerencia en los asuntos de los otros y la agresividad como condición fundamental para la sobrevivencia. Ellos tienen la certeza que dar el primer golpe les asegura, al menos, la sobrevivencia.

El gobierno cubano ejerce el espionaje por varios motivos. Entre ellos, conocer las debilidades  de amigos y enemigos, usar para su beneficio los espacios operacionales que le confieren las sociedades democráticas en las que operan, estar al corriente de las actividades de los exiliados y por supuesto,  negociar la información que puedan obtener,  con el fin de destruir a todos los que no se identifiquen como sus amigos incondicionales.

La semana pasada escribimos que el gobierno estaba dando algunas señales -liberación de papel a La Prensa, readmisión de estudiantes en la Universidad Agraria, etc-, pero que la solución a la crisis pasaba por la recuperación de la democracia que estábamos recién construyendo, y que Ortega en un afán autoritario, al inicio, y dictatorial después, pervirtió y revirtió, terminando en una masacre.

Esta semana, en cambio, las señales son que nada ha cambiado en su naturaleza dictatorial, y dado el afán de Ortega en defensa del sistema de partido único, totalitaria. Solamente así puede juzgarse lo que ha ocurrido con Denis Martínez, el más destacado entre nuestros beisbolistas, cuyo nombre lleva el nuevo Estadio Nacional. Martínez aceptó presidir una organización de la diáspora nicaragüense para unir esfuerzos con quienes aquí luchamos por la recuperación de la democracia, y en los medios oficialistas y redes sociales afines a la dictadura, se han encargado llamarle de “ingrato” para arriba. Para Ortega, el mérito de Martínez se confundía con el “favor” que le hacía, y de ahí la ingratitud del deportista, y la demanda orteguista de quitar su nombre al estadio.

A la vez, han atacado al sector privado empresarial, endosándole  responsabilidad por haber causado decenas de miles de desempleados, y las penurias económicas de sus familias, como si acaso no fuesen responsabilidad, como lo dijo el COSEP citando a Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile por el Partido Socialista, y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y el Estado de Derecho”.

Ambos casos están relacionados, porque demuestran que Ortega concedió como “favores”, en su afán personal y familiar de perpetuarse en el poder, tanto el nombre del estadio como las políticas de mercado, como si el mérito no fuese del deportista, y hubiese alternativa a la economía de mercado.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte,  libró orden de suspensión contra los miembros de la patrulla policial que en un video que ha circulado en las redes sociales, luce comprometida en la muerte del abogado Aquiles Martínez, quien fue apresado respondiendo a denuncias de que en estado de embriaguez se encontraba provocando desórdenes.

El  alto mando policial dio seguridades a la familia del occiso así como al presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún, de que el caso sería investigado de manera prolija para establecer las circunstancias en que se produjo el lamentable hecho, y el posible grado de responsabilidad para los agentes que participaron en el operativo de arresto.

Sin adelantar juicios de valor ni prejuzgar anticipadamente el resultado de la indagatoria que cabe suponer de seguro corresponda llevar al Departamento de Asuntos Internos del cuerpo policial, es de significar que esta denuncia no se contrae a un caso aislado.    Por el contrario, ha sido hasta ahora penosa y sorprendente la cantidad de ocasiones en que ciudadanos apresados por la Policía han resultado muertos después de haber sido apresados, y sin que mediara como circunstancia atenuante la menor evidencia de que hubieran incurrido en actos de rebeldía o agresión frente a los uniformados.

En no pocos casos, evidencia fílmica, obtenida a través de celulares, ha dejado constancia irrebatible de que personas apresadas por patrullas de uniformados, no pocas veces en redadas y sin que mediara evidencia in fraganti de la comisión de un delito, han  resultado muertos por disparos de los agentes después de haber sido detenidos, e inclusive estando esposados. En algunos inclusive ha aparecido el clásico tiro de gracia.  Son las clásicas “ejecuciones extrajudiciales”, que reseñadas por cientos, bajo severa condena inclusive de los organismos internacionales de derechos humanos, carga como un pesado lastre sobre el prestigio del cuerpo de orden público y drena hasta llevarlo a su punto más bajo el nivel de confianza de que goza en la ciudadanía.